En 2015, el Senado de Estados Unidos aprobó la llamada Acta Espacial (Space Act) que otorga a los ciudadanos estadounidenses el derecho a poseer los recursos que logren extraer del espacio, como agua, minerales y metales raros provenientes de asteroides. Puede que a primera vista parezca solo otra ley más, pero en realidad este acta marcó el comienzo de una nueva carrera espacial. Sin embargo, en esta ocasión no se trata ni de banderas ni de gloria, sino de derechos de propiedad y beneficios económicos.
La legislación está redactada cuidadosamente para no violar el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe a cualquier país reclamar soberanía sobre cuerpos celestes. Este tratado fue firmado inicialmente por EE.UU., el Reino Unido y la Unión Soviética, y hoy ha sido ratificado por 115 países. Establece que el espacio debe usarse con fines pacíficos, que debe estar abierto a la exploración por todas las naciones y que no puede ser objeto de apropiación nacional.
No obstante, el tratado es ambiguo cuando se trata del sector privado. Aunque prohíbe a los países apropiarse del espacio, no menciona explícitamente a las empresas o individuos que reclaman recursos. Los legisladores de 2015 eran conscientes de esta ambiguedad y añadieron cláusulas al Acta Aspacial, dejando claro que Estados Unidos no reclama la propiedad de ningún cuerpo celeste, sino que unicamente apoya a sus ciudadanos que actúan bajo las leyes nacionales e internacionales.
En 2020 el entonces presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva declarando que EE. UU. no considera el espacio como un “bien común global”, lo que en la práctica ignora al tratado de 1967. Ese mismo año, Estados Unidos lideró la creación de los Acuerdos de Artemis, una serie de pactos no vinculantes firmados por 54 países para definir normas sobre la exploración espacial. Críticos afirman que estos acuerdos favorecen desproporcionadamente los intereses estadounidenses, especialmente comerciales, difuminando la línea entre la exploración pacífica y la explotación con fines de lucro.
En 2024, el think tank Common Wealth publicó un informe titulado Star Wars en el que advierte sobre una creciente alianza entre multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos, empresas privadas e influenciadores políticos que trabajan juntos para extender las estructuras de propiedad terrestre al espacio. Su estrategia es sencilla y demasiado familiar: actuar rápido, llegar primero, establecer las reglas y desafiar al resto del mundo a ponerse al día.
Las empresas privadas esperan extraer recursos como hielo y helio-3 lunares y metales raros de asteroides. Por ahora, estos proyectos están lejos de ser rentables. Pero la cuestión actual no es económica: es estratégica. Se trata de quién llega primero y quién dicta las normas.
También crecen las preocupaciones de que las actividades «comerciales» sirvan de tapadera para la militarización del espacio. Aunque el tratado de 1967 prohíbe las armas de destrucción masiva y la actividad militar en cuerpos celestes, no impide todas las operaciones militares en el espacio, ni prohíbe a los países crear fuerzas militares espaciales o desplegar armas convencionales en órbita.
Perrita Laika, el primer animal en el espacio.
No todo gira en torno a la militarización o la extracción de riquezas. El tratado del 1967 también establece que los países deben evitar la contaminación dañina del espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes.
Varias empresas ya han incumplido esta parte del tratado:
- En 1999, la NASA estrelló deliberadamente una sonda cerca del polo sur lunar, que llevaba las cenizas del astrónomo Eugene Shoemaker.
- En 2019, la nave israelí Beresheet, financiada por el sector privado, se estrelló en la Luna, esparciendo ADN humano y tardígrados microscópicos, lo que generó preocupaciones sobre contaminación biológica.
- Más recientemente, en enero de 2024, la NASA lanzó la misión Peregrine Mission One que transportó restos humanos y muestras de ADN a la Luna, lo que provocó una fuerte oposición por parte del pueblo Navajo, que considera estas acciones como una profanación de la Luna. Despúes, la NASA emitió un comunicado diciendo que no podía inspeccionar el contenido de la carga, ya que pertenecía a una empresa privada.
Cabe preguntarse: ¿quién decide qué es sagrado, qué es puramente científico y qué está en venta? ¿Deberían sancionarse a las empresas que dejan restos humanos y materiales biológicos en la Luna? A medida que la línea entre exploración y explotación se vuelve cada vez más borrosa, el futuro del espacio podría depender de si lo tratamos como un proyecto compartido de la humanidad… o como la próxima fiebre del oro.
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